La justicia en crisis: La odisea de INCORPORO y la crisis del estado de derecho en Rumanía
"En tiempos de guerra, las leyes guardan silencio - Las leyes callan cuando las armas hablan" - Marcus Tullius Cicero
En una sociedad democrática, la justicia representa el fundamento sobre el cual se construye todo el edificio social. Cuando este fundamento tiembla, cuando se ignoran los derechos de los ciudadanos y las instituciones destinadas a protegerlos fracasan estrepitosamente, la esencia misma del estado de derecho se pone en entredicho.
El caso de la sociedad INCORPORO SRL, una odisea kafkiana en los laberintos de la justicia rumana, representa una radiografía implacable de las disfuncionalidades sistémicas que minan la confianza de los ciudadanos en el acto de justicia.
Más allá de las implicaciones inmediatas para aquellos directamente afectados, este caso plantea preguntas fundamentales sobre el respeto a los principios constitucionales, la supremacía del derecho europeo y los compromisos asumidos por Rumanía como estado miembro de la Unión Europea.
Prólogo - creación sencilla de una sociedad
Todo comenzó en 2023, cuando INCORPORO SRL inició los trámites para registrar la empresa en la Oficina del Registro Mercantil. Un paso aparentemente simple, rutinario en la vida de cualquier emprendedor, se transformó rápidamente en una pesadilla burocrática interminable.
El motivo invocado por las autoridades para rechazar la solicitud fue el uso de un código CAEN que se presume reservado exclusivamente para ciertas profesiones reguladas.
Aparte de la absurdidad de la situación en sí, este rechazo ha puesto de manifiesto un problema mucho más grave: la interpretación errónea y abusiva de la legislación por parte de las instituciones del estado.
A pesar de que el propio Instituto Nacional de Estadística ha aclarado que la asignación de códigos CAEN no genera por sí misma derechos y obligaciones, sino que tiene un papel puramente estadístico, las autoridades han persistido en su postura rígida y sin fundamento.
Un marco legal no aplicado
El marco legal en materia de firma electrónica, un elemento anexo del litigio, está regido por el Reglamento UE 910/2014 (eIDAS) y por la Ley 455/2001. Aunque la Ley 455/2001 se presenta a menudo como una transposición de las disposiciones europeas al derecho interno, la realidad es que constituye una regulación nacional distinta, con un régimen jurídico propio.
El Reglamento eIDAS, en cambio, tiene aplicabilidad directa en todos los Estados miembros, sin necesidad de una transposición formal. El principio fundamental del reconocimiento mutuo de las firmas electrónicas cualificadas, independientemente del país de origen, es una clave maestra del mercado único digital europeo.
Cualquier violación de este principio socava la esencia misma de la construcción europea y crea discriminaciones inadmisibles entre los ciudadanos y los operadores económicos de los diferentes Estados miembros.
A pesar de estas disposiciones claras y obligatorias, los tribunales rumanos han rechazado de manera arbitraria y repetida reconocer la validez de la firma electrónica de INCORPORO SRL, invocando motivos poco claros y contradictorios.
El rechazo injustificado por parte del ICCJ de la solicitud de remisión al Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad del art. 121 de la Ley n.º 265/2022 (en especial el punto 4) destaca tanto la falta de respeto por la supremacía de la ley como la negación del acceso efectivo a la justicia.
El ciudadano se encuentra efectivamente en un jaque jurídico debido a interpretaciones y rechazos sucesivos, sin la posibilidad de obtener un control real de constitucionalidad.
En lugar de que los temas de constitucionalidad sean resueltos por el Tribunal Constitucional, la decisión se toma, de hecho, en los tribunales inferiores, que simplemente rechazan la solicitud como inadmisible, incluso sin fundamento.
La postergación y desánimo del justiciable para buscar su justicia
La tergiversación deliberada de la motivación del rechazo añade un toque de absurdo y desafío hacia el justiciable. Esta táctica, bien conocida por los abogados en Rumanía, tiene como objetivo obstaculizar de hecho el acceso a las vías de apelación y bloquear cualquier intento de rectificación de la situación.
Sin embargo, en un verdadero estado de derecho, la motivación es una garantía fundamental de la transparencia y la responsabilidad del acto de justicia, no un capricho burocrático del que los magistrados pueden prescindir a su antojo.
En este paisaje desolador, donde los tribunales supremos desafían abiertamente las normas legales de aplicación directa, el ciudadano tiene muy pocas palancas a su disposición para defender sus derechos.
En lo que respecta a las firmas electrónicas, la vía administrativa podría haber representado un remedio, pero la respuesta recibida de la Autoridad para la Digitalización de Rumanía (ADR) elimina también esta esperanza.
La ADR se negó a pronunciarse sobre la legalidad del sello electrónico del ICCJ, limitándose a confirmar que la firma del abajo firmante era legal. Probablemente, lo hizo sabiendo que una respuesta sincera habría supuesto un golpe para la reputación artificialmente sostenida de los tribunales. Y como ciudadano decente y razonable, insistí, ofreciendo suficientes aclaraciones y solicitando oficialmente a la ADR que respondiera también a esas preguntas planteadas.
El ADR rechazó la queja previa presentada por INCORPORO SRL con el argumento de que la sociedad, al estar en proceso de constitución, no tendría la capacidad para actuar en relación con la culpa de la institución. Un enfoque tan rígido y formalista ignora la realidad jurídica de la personalidad anticipada de la que disfrutan las sociedades comerciales antes de adquirir la personalidad plena.
Además, esto entra en flagrante contradicción con el reconocimiento implícito de la calidad de "entidad jurídica" por parte de la Corte Suprema al citar simplemente a la sociedad en el proceso, e incluso con el reconocimiento por parte de la ADR, que en primera instancia respondió a ciertas preguntas menos sensibles que planteamos.
Prácticamente, solo SOLVIT Rumanía puede salvar el honor de Rumanía ante las instituciones europeas. Para ello, la empresa INCORPORO SRL se ha dirigido a SOLVIT Rumanía, una institución destinada a facilitar la resolución de problemas transfronterizos causados por la aplicación incorrecta de la legislación de la UE sobre el mercado interno por parte de las autoridades públicas nacionales.
Más allá de la competencia técnica que debería demostrar en la resolución de casos de violación del derecho europeo, SOLVIT Rumanía ha demostrado una asombrosa ineptitud, por no decir otra cosa.
El 14 de junio de 2024, SOLVIT Rumanía decidió cerrar el caso por no estar dentro de la jurisdicción de SOLVIT debido a que es "exclusivamente de naturaleza interna", ignorando los hechos evidentes del caso. - Nuestra resumen
La institución invocó erróneamente la falta del "elemento transfronterizo" solo porque el demandante es una sociedad rumana, con sede en Rumanía. Sin embargo, la jurisprudencia constante del TJUE y las recomendaciones de la Comisión Europea establecen sin lugar a dudas que el elemento transfronterizo reside en la afectación de la libertad de circulación de los servicios en el mercado interno, así como en el reconocimiento mutuo de los actos emitidos por los proveedores de servicios de otros Estados miembros.
“Problema transfronteriza”: un problema que enfrenta un solicitante de un estado miembro y que implica una posible violación del derecho de la Unión que regula el mercado interno por parte de una autoridad pública de otro estado miembro; esto incluye problemas causados a los solicitantes por sus propias administraciones públicas, tras el ejercicio de derechos relacionados con la libre circulación o cuando intentan ejercer estos derechos;
RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 17.9.2013 sobre los principios que rigen SOLVIT
La importancia de la actividad del centro SOLVIT puede ser apreciada, por un lado, a través del papel de evaluación real del nivel de correcta aplicación del derecho europeo en Rumanía (casos en los que ciudadanos rumanos o de otros estados de la UE plantean un problema en su relación con la administración rumana) y del nivel de correcta aplicación del derecho europeo en otros estados, en el sentido de los derechos de los que disfrutan los ciudadanos rumanos (casos en los que ciudadanos rumanos plantean un problema en su relación con la administración de un estado miembro de la UE). - Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre SOLVIT RUMANIA
SOLVIT ha decidido, sin embargo, ignorar obstinadamente estos principios, demostrando una comprensión deficiente de los conceptos básicos del derecho de la UE y una falta de respeto por su misión institucional.
El lamentable fracaso de SOLVIT Rumanía en este caso no constituye, desafortunadamente, una excepción. Se inscribe en un panorama más amplio de disfuncionalidades sistémicas y de la politización excesiva de las instituciones encargadas de velar por el respeto del estado de derecho. La interpretación abusiva del concepto de "problema transfronterizo", la invocación falsa de la falta de competencia, la dilación y la evasión - todas estas forman parte del arsenal de tácticas mediante las cuales las autoridades nacionales eluden el cumplimiento de las obligaciones asumidas a través de los tratados europeos.
Más allá de las implicaciones inmediatas para el entorno empresarial y la seguridad del circuito civil, un comportamiento institucional de este tipo tiene consecuencias devastadoras a largo plazo sobre la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia y en el estado de derecho en general.
Cuando los derechos garantizados por la Constitución y las normas europeas se convierten en simples trozos de papel, cuando las instituciones declinan sus competencias a su antojo y cuando el recurso efectivo a un tribunal independiente se convierte en una quimera, la cohesión social misma se ve gravemente socavada.
La corrupción de las instituciones y la indiferencia de los magistrados
No hay imagen más trágica de la decadencia de un sistema que la conversión perversa de los instrumentos destinados a generar justicia en herramientas de opresión e injusticia.
Cuando las propias instituciones encargadas de defender la ley se convierten en cómplices de su violación, y cuando los magistrados mismos respaldan el abuso en lugar de sancionarlo, la solución ya no puede venir desde adentro.
"Nadie está por encima de la ley" - Artículo 16, letra (2), Constitución
El artículo de la constitución, aunque escrito hace décadas, está en directa oposición con la realidad actual del sistema judicial rumano. Cuando los jueces se arrogan el derecho de interpretar la ley a su antojo o ignoran su obligación de tomar las diligencias necesarias en las resoluciones, en función de intereses oscuros o cálculos políticos, la esencia de la democracia representativa se ve gravemente viciada.
El sentido de la ley no puede disociarse de las intenciones legítimas del legislador, expresadas a través de procedimientos transparentes y sujetos al control democrático.
En el caso de INCORPORO SRL, asistimos a una doble traición de los principios del estado de derecho. Por un lado, los tribunales nacionales se niegan a reconocer la supremacía del derecho europeo y el carácter vinculante de las normas contenidas en el Reglamento eIDAS. Por otro lado, desvían el sentido de algunas regulaciones internas, como la Ley 265/2022, a través de interpretaciones abusivas destinadas a restringir el acceso al mercado de los operadores económicos y a crear barreras administrativas injustificadas en favor de ciertos grupos de interés.
Mientras tuvimos también esfuerzos exitosos contra el estado paralelo, uno de ellos fue la promoción de la RIL 22.02.2024, en contra de una situación similar, donde un cuerpo profesional generó legitimidad en un área donde no recibió el atributo estatal para legislar.
Esta crisis de legitimidad del acto jurisdiccional solo puede superarse mediante un reinicio de todo el sistema, repensando los mecanismos de nombramiento, promoción y responsabilidad de los magistrados. Sin un poder judicial verdaderamente independiente, competente y dedicado a los valores constitucionales, cualquier reforma legislativa será letra muerta.
La actitud refractaria de la Autoridad para la Digitalización de Rumanía frente a la queja presentada por la sociedad demuestra un desconocimiento flagrante de los principios básicos del derecho de la UE, como el efecto directo de los reglamentos europeos y su supremacía sobre las normas nacionales contradictorias.
Además, la respuesta tardía y evasiva de estas autoridades a las solicitudes legítimas de la sociedad INCORPORO SRL plantea serias dudas sobre la capacidad y la verdadera voluntad de las autoridades rumanas para cumplir con los estándares europeos en materia de gobernanza electrónica y digitalización de los servicios públicos.
Más allá de las declaraciones grandilocuentes y de los compromisos formales asumidos ante los socios externos, la realidad cotidiana de la interacción con la administración revela la persistencia de una mentalidad rígida, opaca y completamente resistente al cambio.
Sin una reforma auténtica de la cultura administrativa, sin una comprensión profunda de los valores y principios que sustentan la construcción europea, cualquier progreso hacia la modernización y la eficiencia de los servicios públicos seguirá siendo un simple deseo. Se necesita un cambio de paradigma, una transición del autoritarismo y el control excesivo hacia la transparencia, la cooperación y la responsabilidad en las relaciones con los ciudadanos y el entorno empresarial.
Solvit Rumanía - un sistema disfuncional
Paradójicamente, la institución encargada de garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos europeos en las relaciones transfronterizas, SOLVIT Rumanía, ha demostrado ser un obstáculo para el acceso a la justicia y a recursos efectivos. La interpretación excesivamente formalista y restrictiva del concepto de "elemento transfronterizo" por parte de los responsables de SOLVIT demuestra una profunda falta de comprensión de las realidades del mercado único y de la dinámica de las relaciones económicas en el espacio europeo integrado.
"Primero y ante todo, SOLVIT no es un organismo nacional, sino una iniciativa transfronteriza de la Comisión Europea. Se requiere que el gobierno rumano tome medidas para resolver los problemas internamente, para evitar que se resuelvan por medios más drásticos, como un procedimiento formal de infracción que podría implicar multas significativas para Rumanía, especialmente dado que se trata de un problema sistémico que afecta los intereses de la UE." - Dirección SOLVIT
Al negarse a examinar de fondo la solicitud de INCORPORO SRL y a interactuar de manera constructiva con las autoridades nacionales involucradas para remediar las violaciones señaladas, SOLVIT Rumanía prácticamente ha negado su papel y propósito institucional. Tal abdicación de responsabilidades socava la razón de ser de los mecanismos alternativos de resolución de disputas y compromete los esfuerzos por fortalecer la confianza de los ciudadanos en el proyecto europeo.
Las disfuncionalidades observadas en el funcionamiento de las autoridades públicas rumanas, ya sea en los tribunales, en los órganos administrativos centrales o en las estructuras de cooperación europea, tienen un denominador común: la falta de compromiso y responsabilidad hacia el ciudadano.
Cuando las instituciones del estado tratan al individuo como un simple objeto de la acción administrativa, como un expediente o un número de registro, en lugar de considerarlo el beneficiario final y la razón de su existencia, se crean las condiciones para la alienación y la desconfianza.
Después de un chantaje institucional, en el que amenacé con notificar a las instituciones europeas, recibí la notificación de que el MAE investigará el caso.
Necesidad de transparencia
La opacidad, el arbitrarismo y la falta de rendición de cuentas parecen ser más la norma que la excepción en el comportamiento institucional de las autoridades rumanas. Desde los tribunales que se niegan sin justificación a aplicar el derecho europeo directamente aplicable, hasta los organismos administrativos que evitan un control efectivo de legalidad, todo el sistema parece diseñado para desincentivar y obstruir los esfuerzos del ciudadano por defender sus derechos e intereses legítimos.
Ante esta deriva autoritaria, la única esperanza reside en una movilización cívica sostenida y en una presión constante por parte de los organismos europeos.
Casos como el nuestro deben ser llevados al centro del debate público, para sensibilizar a la opinión pública y generar una ola de indignación colectiva. Aunque en este momento nos resulta fácil ignorar los problemas, al considerarlos omnipresentes en nuestras vidas, transformar la corrupción en normalidad es una estrategia que fracasará en proteger nuestros derechos como ciudadanos.
Los medios de comunicación independientes, las organizaciones no gubernamentales, el entorno académico y los líderes de opinión tienen la responsabilidad moral de involucrarse activamente en la denuncia de abusos y en la promoción de una cultura auténtica del estado de derecho.
De igual manera, se requiere una participación mucho más firme y consistente de las instituciones europeas en la supervisión y sanción de los desvíos autoritarios en los Estados miembros. La Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuentan con mecanismos legales y políticos para obligar a las autoridades nacionales a cumplir con los valores y principios fundacionales de la Unión.
Las vacilaciones y compromisos en la defensa del estado de derecho solo socavan la credibilidad de todo el proyecto europeo y alimentan el euroscepticismo.
Más allá de la dimensión estrictamente jurídica, nuestro caso tiene también una fuerte carga simbólica. Ilustra perfectamente las profundas divisiones que aún fragmentan la sociedad rumana más de tres décadas después de la caída del comunismo: divisiones entre los ciudadanos y las autoridades, entre la letra de la ley y su aplicación arbitraria, entre la aspiración europea y los reflejos autoritarios heredados del pasado.
Superar estas divisiones no se puede lograr simplemente adoptando normas y procedimientos, por muy elaborados que sean. Requiere, ante todo, un cambio de mentalidad, una asunción sincera de los valores de la democracia y una reconstrucción de la confianza entre el individuo y las instituciones. Sin esta base moral y cívica, cualquier reforma administrativa o judicial seguirá siendo un simple ejercicio de fachada.
La historia nos muestra que el autoritarismo y el abuso de poder no desaparecen por sí solos, simplemente por la fuerza de la inercia. Deben ser confrontados activamente, denunciados públicamente y sancionados firmemente cada vez que aparezcan. Ceder ante ellos, tolerarlos o ignorarlos significa alentarlos y otorgarles legitimidad.
Las consecuencias de esta erosión del estado de derecho van mucho más allá del ámbito estricto de los intereses particulares de una empresa. Afectan la cohesión social, la confianza en las instituciones y el deseo de participación cívica de los ciudadanos.
Cuando la ley se convierte en un instrumento de opresión, y no de protección, cuando los derechos existen solo en papel y no en la realidad cotidiana, los resortes morales de la democracia se rompen irremediablemente.
Por lo tanto, la lucha que lleva a cabo INCORPORO SRL no es solo suya, sino de todos nosotros. Es una lucha por el respeto a la legalidad, por la defensa de la supremacía del derecho europeo, y por la responsabilidad de las autoridades públicas.
Esta es, en última instancia, una lucha por la dignidad del ciudadano y por la visión de una Rumanía europea, donde la arbitrariedad y el abuso no tienen cabida.
Una lucha por la dignidad del ciudadano
Estamos obligados a llevar esta lucha hasta el final, a no capitular ante la avalancha burocrática y las complicidades institucionales. Tenemos el deber de exponer las irregularidades, de exigir cuentas a los responsables y de imponer el respeto a los estándares europeos en materia de buena gobernanza y estado de derecho.
No hay término medio, no hay compromiso posible cuando hablamos de los fundamentos morales y legales de nuestra sociedad. Cualquier abdicación, cualquier vacilación, cualquier concesión ante el abuso solo nos aleja aún más del ideal europeo al que aspiramos.
Solo a través de un esfuerzo colectivo sostenido, con la participación activa de todos los actores sociales responsables, podremos superar la herencia del autoritarismo y la arbitrariedad en el ejercicio del poder público. Solo mediante una movilización cívica auténtica y una solidaridad real en defensa de los valores del estado de derecho podremos construir la Rumanía europea con la que soñamos.
La historia nos juzgará por la forma en que defendamos estos valores en momentos de crisis, por el coraje con el que enfrentemos la injusticia y el abuso, por la determinación con la que luchemos por la dignidad y los derechos de cada ciudadano. Y el futuro no será nuestro a menos que aprendamos de las lecciones del pasado y no repitamos los errores que nos han llevado a este punto.
Nuestro futuro como nación depende de esto.